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La Asistencia Letrada al Detenido es una de las intervenciones más importantes del Abogado Defensor, ya que del planteamiento inicial que se de al asunto dependerán en gran medida las estrategias defensivas con las que contará la persona implicada en el delito.
Puesto que ni la imputación ni la detención, ya sea llevada a cabo por efectivos policiales, por propia iniciativa o bien ordenada por la autoridad judicial, implican la culpabilidad de la persona, ni acaban con la presunción de inocencia que la constitución garantiza a toda persona, es de aplicación el derecho constitucional a la defensa.
La intervención de un letrado de nuestro despacho en un procedimiento judicial no es sólo el ejercicio de una profesión libre e independiente, sino la manifestación de un derecho de rango constitucional, el derecho de defensa de nuestro representado.
Nuestros abogados en el ejercicio del unitario derecho de defensa, en el proceso penal es una garantía de un correcto desenvolvimiento del mismo, que pretende asegurar, en particular, la ausencia de coacciones durante el interrogatorio policial y, en general, la igualdad de las partes en el juicio oral, siendo ello lo que justifica que la asistencia letrada "ha de ser proporcionada en determinadas condiciones por los poderes públicos, por lo que la designación de tales profesionales se torna en una obligación jurídico-constitucional que incumbe singularmente a los órganos judiciales.
La propia Constitución consagra en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y a la asistencia letrada sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y a su vez en el artículo 17.3 garantiza el derecho a “la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.
Revisamos su escritura, facturas y gastos abonados para iniciar acciones de recuperación de los gastos que se le han imputado en virtud de clausulas abusivas contenidas en la escritura de hipoteca.
La separación matrimonial es una situación jurídica intermedia entre el matrimonio y el divorcio. Se establece mediante una sentencia judicial e implica un mayor número de efectos jurídicos que la separación de hecho.